Tribunal anula clausura del año escolar y da diez días para garantizar el “derecho a la educación”

La Paz, 19 ago.- La clausura del año escolar, determinada por el Ministerio de Educación el 31 de julio, fue anulada por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que concedió tutela a la Acción Popular presentada por una diputada masista. La cartera de Estado dice que el tema “es político”, mientras la comunidad educativa se manifiesta sobre la crisis en el sector.

“Se instruye a que el nivel central a través del Ministerio de Educación en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización tomando en cuenta a todos los actores participantes de la educación. Debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia”, cita la resolución de la Sala Constitucional Primera del TDJ.

Las actividades educativas tendrían que reanudarse en septiembre de forma presencial y/o virtual.
Las actividades educativas tendrían que reanudarse en septiembre de forma presencial y/o virtual.

La Acción Popular fue presentada por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, con respaldo del Consejo de Educación del Distrito de Achocalla, siendo admitida ayer por la sala constitucional presidida por el vocal Israel Campero.

El Ministerio de Educación emitió un comunicado en horas de la noche, en el que califica el caso como una “acción coordinada” entre el MAS y el TDJ, aludiendo la cercanía del juez Campero al exministro de Justicia, Héctor Arce, hoy asilado en la Embajada de México acusado por delitos de sedición y otros.

El despacho del ministro Víctor Hugo Cárdenas adelantó que esa cartera de Estado “presentará en las siguientes horas un recurso de complementación, aclaración y entienda” a la resolución emitida para que esta pase a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional “para ser confirmada o revocada (por tanto), no es definitiva ni final”.
 

CRISIS DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA

El Ministerio de Educación difundió el 1 de agosto la Resolución Ministerial 050/2020 que declara la clausura del año escolar en Bolivia, argumentando que la pandemia del Covid-19 y las posiciones radicales de los sectores de magisterio y sindicatos aliados al MAS en el área rural, hacen imposible la continuidad de las lecciones tanto presenciales como virtuales.

Las dificultades técnicas y tecnológicas también fueron causa de la clausura del año lectivo, pues no se puede llegar a todo el país con la implementación de las políticas de digitalización en la educación. Sin embargo, el Ministerio de Educación dijo que se trabajará en impulsar la nueva educación y conminó a docentes, estudiantes y padres de familia a continuar en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje durante los meses que quedan a la gestión 2020.

La impulsora de la Acción Popular, en entrevista con la red ATB, deploró la clausura del año escolar por parte del Gobierno y calificó ese hecho como una vulneración al “derecho a la educación”, además de especular sobre la “privatización” de esta área humanística.

“En ningún país se ha clausurado el año escolar”, dijo. “Cuando un presidente o una presidenta quieren, todo es posible”, acotó Patty.

La diputada masista dijo que “está en manos del Gobierno” la implementación del internet en el área rural, pues la estatal Entel puede “instalar más antenas” en todo el territorio nacional. Asimismo, se debe “otorgar gratis” el servicio para que se pasen las clases virtuales en Bolivia.

Por su lado, el dirigente asesor del magisterio urbano, José Luis Álvarez, calificó a ambas resoluciones como una pugna política entre el MAS y el Gobierno, que usan a la educación como “botín de guerra”

“El culpable es el irresponsable ministro de Educación y también los masistas que usan la educación como botín de guerra y ahora nos quieren meter al medio de esta pelea”, declaró el docente a medios televisivos.

Álvarez sugirió que ante la crisis del sistema nacional, “se debe exigir la autonomía integral de la educación, tal como es la autonomía universitaria”, para que los profesores se hagan cargo de esta administración.

Ante los diez días de plazo que concede el TDJ al Ministerio de Educación para “buscar alternativas” a la continuidad del año escolar, la preocupación del sector privado por el pago de pensiones se agrava.

Los colegios ya ingresaron en etapa de cierre administrativo desde el 3 de agosto y ahora deberán retomar actividades o reprogramar lecciones, pagos y demás obligaciones del sector.

En ese marco, el abogado Israel Quino, como representante de los padres de familia de colegios particulares, adelantó que mientras no exista una definición sobre este conflicto no se cancelarán las pensiones de marzo a julio.

Quino exigió al Ministerio de Educación atender las demandas del sector sobre esos pagos y confirmó que se participará en cualquier convocatoria que surja para hallar soluciones que satisfagan a toda la comunidad educativa.

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