Treinta y tres años pasaron desde el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, que fue protagonizado por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez, quienes en alianza con una parte de las Fuerzas Armadas generaron violencia y muerte en Bolivia.

Las dos primeras víctimas cayeron en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), que se encontraba en El Prado de la ciudad de La Paz, donde se realizaba la reunión del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Alrededor de 50 paramilitares armados cercaron e ingresaron a la sede sindical de los trabajadores luego de trasladarse en ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social.

Los dos primeros dirigentes caídos fueron el minero Gualberto Vega Yapura y el diputado del POR trotskista Carlos Flores Bedregal; mientras que el primer secretario del PS-1, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, el dirigente de la COB Simón Reyes y la representante de la Unión de Mujeres de Bolivia y activista de derechos humanos, Gladys de Solón Romero, resultaron heridos.

Los cuerpos de algunas víctimas desaparecieron desde aquel día hasta hoy. Sus nombres forman parte de la lista de los 134 desaparecidos en nuestro país durante los tiempos de la dictadura, afirmó el director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Víctor Vacaflores.

Golpe de Estado del 17 de julio de 1980

HOMENAJE EN BOLIVIA

En homenaje a estas víctimas, Bolivia recuerda hoy el Día Internacional y Nacional del Desaparecido el 17 de julio.

“La dictadura en Bolivia en las décadas de los años 70 y 80 ha victimado a luchadores por el retorno a la democracia, ya que un 17 de julio ha cobrado vidas y enlutado el alma de los familiares revictimizándoles aún más al no encontrar los cuerpos de sus seres queridos”, dice la resolución legislativa que estableció hace tres años la conmemoración de esta fecha en nuestro país.

SE REGISTRARON 2.258 VÍCTIMAS EN EL GOLPE DE GARCÍA MEZA

De acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, en el gobierno de García Meza hubo 2.258 víctimas (1.873 hombres y 385 mujeres).

Asesinados y asesinadas, 36 hombres y cinco mujeres; asesinados y desaparecidos, cuatro hombres; torturado y asesinado, un hombre; desaparecidos y desaparecidas, 119 hombres y cuatro mujeres; detenidos y detenidas, 962 hombres y 90 mujeres; detenidos (as), exiliados (as), 673 hombres y 285 mujeres; detenidos y torturados, cinco hombres; heridos y heridas, ocho hombres y una mujer; heridos y torturados, nueve hombres; retirados, 51 hombres; secuestrado, un hombre; secuestrado y torturado, tres hombres; torturado, un hombre.

APEGO DE BOLIVIA A LAS NORMAS INTERNACIONALES

La Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José, establece la prohibición de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Además, indica que toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Bolivia se adhirió a la Convención el 13 de junio de 1979 a través del Decreto Supremo 16575 y ratificó su firma por medio de la Ley 1430, el 11 de febrero de 1993, con lo que asumió el compromiso de consolidar las instituciones democráticas e instituir un régimen de libertad personal y justicia social.

DOLOR EN CENTENARES DE FAMILIAS BOLIVIANAS

Dolor y amargura son los sentimientos que embargan desde entonces a los familiares de personas desaparecidas no sólo en el golpe del 17 de julio de 1980, sino también en otros episodios sangrientos.

Luis Alberto Aparicio es el nombre de una de las cientos de personas que lloraron durante años a un familiar suyo, sin encontrar rastros de él.

Inició su búsqueda luego de la Guerrilla de Teoponte, suscitada en julio de 1970, cuando 73 jóvenes partieron rumbo al norte de La Paz con el objetivo de continuar el ideal de la guerrilla del Che Guevara.

Uno de estos jóvenes era su cuñado, Luis Ernesto Letelier Arauz, cuyo nombre de guerra era Mauro. Según cuenta Luis Alberto, fue fusilado junto a siete jóvenes el 30 de julio de 1970 por órdenes del dictador de entonces, Alfredo Ovando Candia.

“Lo vi por última vez en una fosa común. Su cuerpo era reconocible, incluso le saqué fotos, volví a los cuatro días, pero la fosa estaba completamente vacía”, relató Aparicio en una entrevista con Cambio.

Un campesino le comentó que un helicóptero recogió los cuerpos y fue arrojándolos desde los aires a los ríos y sitios que se desconocen hasta ahora.

Ésta es solamente una de las más de cien personas desaparecidas registradas en nuestro país en el período dictatorial.

De acuerdo con Luis Alberto, quien es presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), hasta ahora sólo se recuperaron 12 cuerpos gracias a intensas búsquedas realizadas con ayuda de expertos antropólogos.

“Como mi cuñado hay mucha gente que ha sufrido el rigor de las dictaduras”, manifestó Aparicio. “Siempre recordamos con bastante dolor y amargura a nuestros desaparecidos”, dijo.

Aparte de la Guerrilla de Teoponte acontecieron varios golpes militares: el primero fue encabezado por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez, con apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Falange Socialista Boliviana (FSB), desde el 21 de agosto de 1971 hasta 1978; el segundo por el coronel Alberto Natusch Busch, con apoyo de militantes de algunos partidos políticos, del 1 al 16 de noviembre de 1979, y el tercero por el general Luis García Meza Tejada, que inició el 17 de julio de 1980 y terminó en agosto de 1981, sucedido por otros gobiernos castrenses menos duros.

En el régimen de García Meza fueron asesinados en la calle Harrington (1981) ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria.

“Aunque pasaron muchos años, persistimos en la búsqueda. La espera es penosa, pero la esperanza no se ha desvanecido en ningún momento”, expresó con tristeza Aparicio.

Miles desaparecieron en América Latina

Un total de 204.994 detenidos desaparecidos se registraron en América Latina desde el inicio de los tiempos en que surgió la desaparición forzada, en 1960, de acuerdo con datos publicados por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).

Esta cifra, según un pronunciamiento público de la mencionada federación, es el resultado de los flagelos ocasionados durante períodos dictatoriales cometidos en forma selectiva y masiva en varios países de nuestro continente, auspiciados por el Gobierno norteamericano.

En Argentina se registraron 30.001 desaparecidos, en Bolivia 180, en Brasil 160, en Colombia 57 mil, en Chile 1.200, en Ecuador 12, en El Salvador 20 mil, en Guatemala 45 mil, en Haití 12 mil, en Honduras 300, en México 4 mil, en Nicaragua 10.444, en Panamá 207, en Perú 20 mil, en Uruguay 190-200, en Paraguay 300 y en Venezuela 4 mil.

La Convención Americana establece el derecho a la integridad personal en su artículo 5, que garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral; además que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.