La Paz, 11 Ene. (NAN).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos demandó, este martes, la mayor sentencia condenatoria contra Santos Ramírez y los imputados en el denominado caso Catler en ocasión de la fundamentación de la acusación particular que reactiva el proceso formal penal ante el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte del Distrito.
La audiencia del juicio oral que contó con la presencia de los abogados de YPFB, el Ministerio Público y los implicados en el caso Catler, se desarrolló desde las 15:00 horas hasta las 18:15 pero quedó suspendida hasta el jueves.
"YPFB demostrará, con documentos, todos los delitos que pesan contra los imputados, por lo que pedimos una sentencia condenatoria con la pena máxima", afirmó la abogada Helen Gutiérrez durante la audiencia del juicio oral público y contradictorio que se desarrolló esta tarde en el Salón Rosado de la Corte Superior de Justicia de La Paz.
La estatal petrolera sustenta una querella contra los imputados: Santos Ramírez, Agustín Tomas Melano, Miguel O" Connor D"Arlach, Luis Fernando Córdoba Santivañez, Javier René Navia Doria Medina, Giovanna Navia Doria Medina, Esther Carmona Nogales, José Daniel Álvarez Gantier, Julio Anagua Chumacero, Muricio Ochoa Urioste, Marco Antonio Vega del Carpio y Misael Gemio Jordán.
Los implicados deberán responder ante la justicia por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de contrato, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, cohecho activo y pasivo, entre otros.
Las investigaciones en el denominado caso Catler Uniservice se activan en enero de 2009. Los antecedentes apuntan a la suscripción del contrato para la adquisición de una Planta Separación de Licuables de Río Grande entre YPFB y Catler Uniservice por lo que se abrió una carta de crédito de 45 millones de dólares en el Banco Unión.
El ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, dio la orden de pago a favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems por un valor de 13.208.750 dólares y a la empresa Uniservice 3.300.000 dólares. Actualmente, la estatal petrolera espera un resarcimiento por un monto de 16.508.750 dólares.
Durante la fundamentación de la acusación particular, la abogada de YPFB, Mónica Ramírez dejó claramente establecido que Santos Ramírez utilizó dinero del fideicomiso de 13 millones de dólares para pagar a una empresa que no tenía relación con la empresa estatal petrolera, "sino con su cuñado (Javier Navía Doria Medina)".
"Vamos a demostrar, en este juicio oral, que Santos Ramírez provocó un daño económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de 16 millones de dólares, la estatal petrolera tuvo que devolver ese dinero lo que mermó en la ejecución de proyectos en beneficio de la sociedad boliviana", señaló la abogada de YPFB.
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