La Paz, 3 Sep.- Tres días después que el presidente Evo Morales confiscara las acciones de Soboce en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), el principal accionista de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, retornó al país para asumir defensa de sus acciones cotizadas en principio en 80 millones de dólares.
“Las injusticias, los absurdos por suerte no duran, voy a seguir invirtiendo en Bolivia”, indicó a tiempo de calificar un despropósito la acusación de tráfico de influencias que durante los últimos cinco años el gobierno no lo veía.
El ministro de Hacienda, Luis Arce y el vocero gubernamental, Iván Canelas, insistieron que Doria Medina, en su calidad de ministro de Planeamiento, tomó de manera irregular e inmoral las acciones pertenecientes a la prefectura de Chuquisaca. El empresario considera que esos argumentos son un pretexto para justificar la medida. “Primero confiscan y después recién me acusan”, declaró a los medios de comunicación.
“He llegado esta mañana, me voy a reunir con los abogados y ejecutivos para ver los caminos a seguir ya sea un arbitraje por el socio extranjero que tenemos, ya sean procesos legales, ver la indemnización y vamos a llevar adelante la defensa de nuestras acciones”, anticipó al señalar que espera que la confiscación no sea una venganza por sus críticas de dirigente opositor.
Consultado cuál sería el valor de las acciones, recordó que cuando se produjo la transacción en 1999, Fancesa tenía un valor en libros de 43 millones. Un tercio, equivalía 17 millones de dólares. Soboce pagó 26 millones de dólares a valor de mercado. “En este momento, el patrimonio en Fancesa alcanza a 123 millones de dólares. Un tercio, tiene un valor contable de 41 millones de dólares y si le ponemos también el doble del valor en libros, estas acciones estarían cercanas a los 80 millones de dólares”, manifestó.
Doria Medina manifestó que Soboce tuvo el cuidado que la subasta fuera transparente así como todo el proceso de inversión de los 26 millones de dólares, porque ese dinero fue un préstamo que hasta ahora lo sigue pagando.
Anunció que la confiscación de sus acciones se produjo cuando estuvo en el exterior a donde viajó para conversar con inversionistas pero, lastimosamente, ahora será difícil convencer a otras personas que inviertan en el país donde se respeten las inversiones privadas.
NIEGA TRAFICO DE INFLUENCIAS
Al negar presunto tráfico de influencias, dijo que ocupó el cargo de ministro en 1991 y cuando se compraron las acciones fue en 1999 precisó el líder político que sostuvo que las Ley de Privatización no lo aprobó él sino el Congreso Nacional.
“La privatización fue un proceso que se dio en todo el mundo por lo que es un despropósito atribuirme que yo haya imaginado la privatización para beneficiarme. Hoy en día en Cuba se están privatizando empresas, ingenios, agricultura, hasta las peluquerías que eran del Estado porque el sector público no es eficiente”, indicó.
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