La Paz, 6 nov.- El denominado proyecto de Ley de Garantías agudizó en las últimas horas la división de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), en medio de duros cuestionamientos a la aprobación de esa normativa que para el Gobierno provisional "no tiene ningún sentido" y solo buscaría proteger los delitos cometidos durante las movilizaciones de octubre y noviembre.
"No tiene ningún sentido poder aprobar esta ley, la Constitución Política del Estado nos da garantías a todos los ciudadanos", dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
En una entrevista en la Red Uno, la autoridad explicó que el Gobierno provisional ya atendió las demandas de organizaciones afines al MAS, a propósito de la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.
No obstante, la bancada del MAS aprobó esta madrugada en la Cámara de Diputados ese proyecto de ley que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.
"Todas las personas tenemos que someternos a la Justicia (...). Ya basta de utilizar rodillos, basta de utilizar los dos tercios, basta de favorecer solamente a personas", manifestó Núñez.
La Cámara de Diputados, donde el MAS tiene mayoría, aprobó la noche del jueves al viernes el proyecto de Ley de Garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales en una sesión maratónica más de 13 horas.
El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), informó que el MAS impuso el rodillo parlamentario para aprobar ese proyecto que pasó para su revisión al Senado.
"Es una ley que lo que busca es proteger a quienes han cometido delitos de terrorismo, de organización criminal, de sedición o delitos de lesa humanidad (...). Está ley va a generar impunidad y con carácter retroactivo, porque dicen que es a partir del 21 de octubre hasta la fecha", dijo a la red ATB.
El Gobierno transitorio afirmó que no habrá impunidad para nadie y que todas aquellas personas que pusieron en riesgo la seguridad y la unidad del país serán puestas ante la ley.
"Está dirigida además para que se dé salvoconductos inmediatamente a quienes quieran abandonar el país o pidan asilo en cualquier otro país y esto es gravísimo, porque siendo todos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la Constitución, se están aprobando una ley para ellos (el MAS), para unos cuantos, para protegerse de los delitos que se haya cometido y ellos no pueden ser procesados", agregó Barrientos.
Por otra parte, la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, negó que ese proyecto ampare la impunidad, sino que más bien favorece a las familias de las víctimas de los fallecidos y heridos durante las últimas protestas.
"Si habido autoridades que han incurrido contra la ley, será la Justicia la que tenga que sancionar (...), pero lo que estamos pidiendo es que ya cese la persecución y que se pueda restituir los derechos humanos", dijo. (ABI)
