El Alto, 27 sep.- “Elevase a rango de ciudad a la población de El Alto de La Paz, capital de la Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz”, sentenció la Ley 1014 de 26 septiembre de 1988.
Una vez lograda el anhelo de la población alteña, con la creación de la Cuarta Sección en 1985, sumario que exigió más de 30 años de gestiones, inmediatamente, se emprendieron los trámites para conferir, la nueva razón social de ciudad.
Voluntad y decisión fueron las motivantes cívicas de los dirigentes vecinales de ese entonces, imbuidos solamente por esa esperanza de conferir esa prerrogativa a esta población, y se volcaron al ruedo, Sin embargo, la intromisión y el oportunismo de los partidos políticos, truncaron ese ideal popular, para adjudicarse de facto, la autoría de esa causa.
Específicamente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que para consumar ese su censurable propósito, patrocinó la privación de la libertad del dirigente cívico Gregorio Santiago Romero Morales, principal encomendado para asumir los trámites correspondientes en el Congreso Nacional.
Romero Morales, que también desempeñó un rol determinante en la creación de la Cuarta Sección de la provincia Murillo, con su capital El Alto, asumió espontáneamente también la responsabilidad para este nuevo desafío. obviamente, sin los sustentos económicos, requeridos para este tipo de acciones, al que le dedicó, más de 3 años.
El atropello mirista, se tradujo en la detención de este dirigente en las celdas policiales, acusado de apoderarse de la documentación que facilitaría el cambio de razón social a El Alto. Fueron desoídos los argumentos del dirigente vecinal, y de las protestas de las organizaciones populares, que fueron los auténticos autores del acopio documental jurídico, requisitos para la aprobación de una Ley.
Las autoridades municipales y parlamentarias del MIR, que ejercían el poder, obviamente, se impusieron.
Previa la firma de un acta policial, permitió la libertad del citado dirigente, a cambio, de entregar todos los pormenores documentales a la voracidad mirista.
Una vez consumado esa arbitrariedad, la dirigencia de ese desaparecido partido, y aprovechando su influencia política en el Congreso Nacional, procedieron con su trabajo burocrático, y por lógica, recurrieron a sus influencias parlamentarias, para viabilizar la aprobación y promulgación de la Ley 1014 de 26 de septiembre de 1988, que elevó a rango de Ciudad a El Alto.
La dirigencia cupular mirista, solía montar escenarios descomunales y congregación de gentío para cualquier tipo de evento, y este hecho, exigió también un despliegue humano, logístico, protocolar y festivo, sin igual para su presentación y entrega a la población, de dicha disposición legal.
El 1 de octubre de ese año, fue la fecha para la celebración popular, precedido por un acto formal en el Teatro Municipal de La Ceja, relievado por la presencia del vicepresidente de la República, Julio Garret Ayllón y otras autoridades parlamentarias, y por supuesto, las municipales. Fue obvio, en los sendos actos, la asistencia de la militancia de ese partido político, y la ausencia de sus legítimos gestores: los dirigentes vecinales.
Esa ocasión fue la única de esa naturaleza para esa finalidad, porque los siguientes años, la fecha no ameritó actos con ese motivo, excepto hace algunos años, la Fundación “JFR”, y en varias ocasiones, reunió a la dirigencia vecinal de ese entonces, para la celebración de una misa en memoria de los extintos dirigentes y vecinos, que trabajaron en la construcción de esta ciudad.
Pese a las ingratitudes y los impasses atravesados para ese propósito, los relegados y hasta olvidados dirigentes vecinales, muchos de ellos fallecidos, no alcanzaron a disfrutar del beneficio, que detenta la población alteña desde hace 34 años, título que actualmente es proclamado incesantemente con orgulloso patriotismo y con un acentuado espíritu ciudadano.
JF/Prensa
