El Alto, 21 ago.- La jornada pasada, el Ministerio Público procedió a la aprehensión en contra de un concejal y un exconcejal del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto luego de que estas personas brindaran su declaración informativa por el caso de presunto sobreprecio en la adquisición de la flota de buses del transporte municipal en esta ciudad.
Estas personas fueron aprehendidas al encontrarse indicios de culpabilidad tras haber anulado una convocatoria de compra de los buses denominados "Sariri" y haber favorecido a otra empresa que se adjudicó la venta, con un precio mayor en la segunda convocatoria.
Este proceso aperturado en contra de los concejales miembros del concejo municipal que participo en esta adjudicación inició en la gestión pasada a denuncia del municipio alteño por un sobreprecio en la compra de la flota de 60 buses destinados a la implementación del transporte masivo municipal en esta ciudad. La anomalía en el precio fue detectada por un informe presentado por la Contraloría General del Estado.
La irregularidad detectada en el proceso adjudicatorio, consiste en primera instancia en que la empresa FABROS que logró la adjudicación para la venta de buses siguiendo todos los pasos y habiendo cumplido con todos los requisitos, extrañamente no logró hacerse con el contrato. La convocatoria fue anulada por el concejo municipal de ese entonces y se llamó a una segunda licitación en la que la empresa ganadora logró el contrato con un precio mayor al que se obtuvo en la primera convocatoria.
El fiscal Edwin Enríquez halló indicios de culpabilidad en el concejal Oscar Huanca y el ex concejal Benjamín Alborta y dispuso la aprehensión de estas personas.
El jefe del Departamento de Lucha Contra la Corrupción Cnel. Miguel Ocampo, manifesto que de momento, todas las personas relacionadas con el proceso de adjudicación estan siendo investigadas y prestando sus declaraciones.
"Tenemos muchas otras personas a las cuales notificar, en estos momentos estan prestando su declaración dos funcionarios municipales que eran técnicos del área de adquisiciones y administrativa, veremos cual es la determinación del Ministerio Público de acuerdo a su grado de participación" declaró Ocampo.
Los delitos por los que se dispuso la apertura de cargos en contra los aprehendidos son el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución. (VISOR BOLIVIA / Ángel Salazar)
