La Paz, 6 Ene. (NAN).- El viceministro de Descolonización, Idón Chivi, mandó este jueves al representante de las organizaciones de la prensa boliviana a elevar quejas y observaciones a la “corte celestial” porque el Reglamento al artículo 16 de la Ley de Lucha Contra el Racismo fue elaborado y está vigente para su cumplimiento de todos los medios de comunicación.
Idón Chivi respondió de esa manera al fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, con quien sostuvo una polémica en un canal televisión, luego de 24 horas que el presidente Morales promulgara el Reglamento que establece sanciones pecuniarias y el cierre temporal de los medios denunciados y comprobados de racistas.
Vargas planteó observaciones de forma y fondo al Reglamento, vacios y omisiones como a la Ley de Imprenta, el decreto 24132 de reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, además de impresiones sobre los parámetros y variables para medir la calidad de la información a cargo del Observatorio Plurinacional
El periodista dijo que el Reglamento no establece la base para un cálculo de las multas, entidades recaudadoras, si los medios harán tarea de prevención en los 36 idiomas que señala la Constitución bajo su costo o financiados por alguien.
En esa misma línea observó que los autores cometieron “un grueso error” al calcular el tiempo de televisión en minutos, cuando se calculan en segundos. 20 minutos al mes de prevención, significa 1.200 segundos, que divididos entre 30 son 40 segundos diarios, precisó.
REGLAMENTO SE APLICA
El viceministro advirtió que el “Reglamento está claro y se va aplicar” y recordó que el gobierno “ha implorado en varias ocasiones que la ANP y organizaciones de la prensa se sumen al Reglamento” y recibió de respuesta acciones políticas equivocadas como “´micrófonos, cámaras de fotografías, filmadora al suelo. Una tontería, páginas en blanco” demostrando – dijo - que la libertad de expresión se convierte en libertad de empresa.
Adicionalmente explicó que la elaboración del Reglamento demandó tres meses de trabajo, dos gabinetes, dos sesiones de Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conape), directores jurídicos, administrativos de al menos 20 viceministerios y por el lado de la prensa, los periodistas Sandra Aliaga, Amanda Dávila, Andrés Gómez y el Boris Quisbert hicieron recomendaciones. “No es un documento que lo haya construido un equipo Idón Chivi y cinco o seis locos avezados”, informó.
Idón Chivi dijo que las organizaciones de la prensa podrían haber hecho llegar las observaciones formuladas por Vargas hace tres, dos meses atrás, o una semana atrás; no lo hicieron para oponerse en un expediente sencillo. “Hablo a nombre del gobierno, cualquier recomendación que hagan lo pueden hacer en la Ley de Medios”.
La autoridad aclaró que el pago de multa caerá sobre el dueño del medio de comunicación calculado sobre su capital declarado y ante un eventual cierre temporal de medios, el propietario correrá con el pago de los salarios de todos los trabajadores, en una forma de advertencia severa para evitar la difusión de ideas racistas.
Vargas replicó que el argumento de “inhabilitación” es un eufemismo porque el cierre temporal significará la quiera de la empresa, “En este momento tenemos 19 observaciones que las vamos a hacer conocer”, dijo el fiscal de los periodistas.
“Pueden ir a la corte celestial”, respondió Idón Chivi ante la perplejidad de Vargas quien lamentó que la autoridad de gobierno lo haya mandado a la corte celestial a reclamar, sin tomar en cuenta sus comentarios.
Las organizaciones de la prensa se reunirán el 17,18 y 19 de enero en Sucre para reafirmar la defensa de la libertad de expresión y de prensa. “Ahí evaluaremos de lo que sucedió hasta ahora y haremos una proyección para prepararnos respecto a lo que se está preparando que es la ley general de medios”, informó en otro contacto con los medios, el fiscal Vargas.
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