La Paz, 28 dic.- El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) avaló ayer los trabajos de la empresa Ormachea en el edificio El Alcázar, iniciados ilegalmente hace unos días, denunció Franklin Gutiérrez, abogado de un grupo de copropietarios.
El 17 de diciembre, más de 174 familias fueron evacuadas del edificio El Alcázar, ubicado en el pleno centro paceño, luego de que seis de sus columnas presentaran daños y una de ellas se desprendiera. Todas soportaban el peso de 18 pisos.
El miércoles, el director de Gestión Integral de Riesgos de la GAMLP, Vladimir Toro, señaló que los trabajos de refacción de Ormachea se iniciaron sin proyecto ni memoria de cálculo, y un grupo de vecinos denunció trabajos clandestinos.
El alcalde Luis Revilla recibió ayer el proyecto de la constructora y lo aprobó. La autoridad edil argumentó que sólo con una auditoría se identificarán las causas del siniestro, entre ellas probablemente la falta de mantenimiento, filtraciones, sobrecarga y defectos en el diseño de las columnas.
Sin embargo, el abogado de un grupo de copropietarios, Franklin Gutiérrez, consideró que la única salida en medio de la zozobra es la vía legal porque la Alcaldía avala “los trabajos que se iniciaron ilegalmente” y esta situación sólo ayuda a los responsables a “tapar las evidencias” de la negligencia de la constructora.
Gutiérrez inició ayer ante el Ministerio Público un proceso judicial con la figura de Peligro de Siniestro contra Francisco Diego Ormachea Pacheco, Carlos Ormachea y Reynaldo Ballivián.
Días atrás, Revilla ratificó la ilegalidad del edificio porque la Alcaldía no cuenta con la documentación de la infraestructura, que fue edificada hace 16 años.
El concejal Jorge Silva opinó que el edificio debe ser demolido porque nadie lo volverá a habitar, además de que los departamentos perdieron su valor comercial, pese a los trabajos de encamisado con planchas de acero que acordaron la SIB de La Paz y la comuna.
Según Víctor Villegas, miembro del Comité de Emergencia de los afectados, “la empresa Ormachea debe otorgar garantías de habitabilidad en caso de un posible retorno”. El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), departamental La Paz, Marcelo Badani, a quien se le preguntó sobre las garantías, prefirió evadir la respuesta ante la prensa.
El abogado Gutiérrez añadió que la situación legal llegará a quienes omitieron alguna denuncia y fueron parte de la mala administración edil que permitió las irregularidades.
El concejal Silva todavía espera la respuesta del ente Ejecutivo al que solicitó el informe promenorizado de la situación de El Alcázar. A ello se suma el hecho de que Revilla todavía no inició ningún proceso administrativo para aclarar la situación legal del edificio. (Cambio)
