La Paz, 30 Nov.- El senador opositor Roger Pinto denunció este martes que la Fiscalía General del Estado salvó de responsabilidad al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado de corrupción por la desaparición de 1 millón de dólares destinado a la construcción de estadio en Cobija.
Pinto informó que en conferencia de prensa que junto al ex senador Paulo Bravo presentaron acusación formal por el desembolso de esa cantidad de dinero para la construcción del campo deportivo, la terminal de buses y el mercado popular, obras que estarían paralizadas.
Lamentó que “la fiscalía sea manejada para defender a quienes cometen actos ilegales y de corrupción en este gobierno” porque hace unos seis meses se presentó la denuncia acompañada de las pruebas suficientes, documentos, cheque incluidos y nadie respondió por ese extravío.
“Hoy (ayer) me han notificado que rechazan la demanda. Desde el Estado se judicializa la política para la oposición pero se protege y se defiende a los corruptos del gobierno. Para qué hablar de los camiones y otros hechos del interventor Bandeira. Están ahí, la ministra Nardy Suxo lo tiene, pero bueno esa la lavandería del gobierno”, declaró.
REACTIVAN UN CASO DE HACE 12 AÑOS
Por otra parte, el senador denunció que el fiscal Iván Montellano reabrió un caso en una clara actitud de persecución política del gobierno para “meter preso” al senador Roger Pinto cuando fue prefecto del departamento.
Recordó que hace doce construyó unos embarcaderos para facilitar la navegación o transporte sobre los ríos Tahuamanu y Madre de Dios en el departamento de Pando, con financiamiento de la Unión Europea que ha informado sobre la conclusión y entrega de la obra.
Sin embargo, la fiscalía intenta llevar adelante este proceso incluyendo a una serie de personas más, bajo la consigna política de encarcelar al senador Pinto.
“Nosotros rechazamos en dos ocasiones ante la Fiscalía porque no había materia ya que los informes finales de la Unión Europea dicen que los embarcaderos fueron construidos y concluidos en el departamento de Pando”, declaró.
Lamentó que el gobierno, usando al Ministerio Público, continúe desarrollando una política de persecución a la oposición a través de acciones totalmente amañadas, ya que en el caso de los embarcaderos, éste fue cerrado hace doce años; empero anunció que asumirá defensa ante esa nueva arremetida.
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