Tarija, 26 Oct.- La juez de medidas cautelares, Priscila Díaz, declaró este martes improcedente el recurso de acción de libertad promovido por el gobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez, por irregularidades en el proceso de contratación e incumplimiento de la empresa Inbolsur en la dotación de 2.990 toneladas de cemento asfáltico el 2008.
Cossío argumentó ante la juez que el fiscal del caso Gilbert Muñoz desató una persecución ilegal por un supuesto daño económico, sin embargo la autoridad judicial rechazó el argumento de Cossío que es investigado en su calidad de ex prefecto de Tarija.
Muñoz explicó que la decisión de la juez significa que las medidas cautelares impuestas como la garantía real y la prohibición de no tener contacto con los co imputados, testigos y las pruebas materiales se mantienen, aunque evitó referirse si pedirá más adelante detención preventiva.
El representante del Ministerio Público explicó que sus actuaciones se enmarcan a las facultades otorgadas en la Constitución Política del Estado y el sistema normativo penal para realizar una investigación criminal por daño económico.
“Hemos demostrado que actuamos conforme a las normas vigentes, no hemos actuado en forma ilegal ni indebida y esa ha sido la sentencia constitucional por la juez, declarando improcedente el recurso extraordinario de acción de libertad promovida por el co imputado Mario Cossío Cortez”, manifestó.
El proceso contra Cossío surgió a raíz de una denuncia del entonces diputado de Podemos, Fernando Barrientos que en 2008 acusó en primera instancia de irregularidades en el proceso de contratación y también incumplimiento de la empresa Inbolsur en la dotación de 2.990 toneladas de cemento asfáltico.
Luego en diciembre de 2009, el mismo diputado Barrientos denunció con nombre y apellido al entonces prefecto del departamento, Mario Cossío. El fiscal consideró que había existencia real y vinculante de ambos casos, por lo que pidió unir ambos procesos en un sólo caso.
Junto a Cossío se procesan a otro funcionario prefectural bajo cargos por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Los ejecutivos de la empresa contratada también son investigados por no haber cumplido y demostrado causa justificada para la dotación de este material, además de no mantener vigente la póliza de seguro.
Por ahora, los bienes del representante legal de la empresa fueron anotados preventivamente al encontrar indicios de responsabilidad penal por el incumplimiento de contrato.
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