La Paz, 4 Sep.- El gobierno de México anunció este viernes su respaldo al Grupo de Cementos Chihuahua (GCC) para que las autoridades de Bolivia, decidan por una “´rápida y justa” indemnización apegada a las normas de derecho internacional aplicables en la materia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana emitió un escueto comunicado difundido por el periódico La Jornada, donde precisó que la embajada de México en La Paz, transmitió esa preocupación a las autoridades bolivianas y decidió de apoyar las gestiones de los accionistas mexicanos para un proceso justo de indemnización.
Anticipó que la cancillería mexicana mantendrá una estrecha comunicación con su embajada en La Paz para un seguimiento a este asunto que espera se desarrollen en el marco de las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo existentes.
El mayor accionista de Soboce, Samuel Doria Medina, anunció que existen tres opciones entre ellas procesos legales, indemnización o un arbitraje internacional para dar una pelea legal al Estado boliviano por la reversión del 33.34% de sus acciones confiscadas en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) mediante un decreto 616 del1 de septiembre de 2010.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, desestimó la posibilidad de un arbitraje internacional porque Soboce es una empresa nacional y por lo de Chihuahua indicó que puede abrir una demanda internacional por lo que le corresponde, es decir, pelear por el 1 por ciento de los 33.34% que desde el 1 de septiembre pasó a la gobernación de Chuquisaca.
Doria Medina estimó que las acciones confiscadas tiene un valor de 80 millones de dólares si se toma en cuenta que Soboce pagó 26 millones de dólares en vez de los 17 que valía en 1999 el 33.34%. Sin embargo precisó que actualmente el valor en libros se sitúa en 41 millones de dólares por cuanto Fancesa tiene un valor actual de 123 millones de dólares.
En un comunicado público, Soboce calificó la reversión como un “abuso de poder, gravísimas irregularidades procedimentales y flagrante injusticia” y sostuvo que esa disposición trata de distraer la postergación de Chuquisaca y Sucre de una manera totalmente engañosa porque no incrementa la riqueza, ni la producción, ni las oportunidades de trabajo, ni los ingresos, ni la calidad de vida de sus habitantes.
“En realidad no recupera nada, como no sean conocidas prácticas que terminan por convertir empresas productivas en agencias de empleo para los poderosos de turno. Este Decreto atropella un emprendimiento conjunto de una empresa privada nacional, que ha estado trabajando con dos instituciones públicas de la región y entregando, a cambio de esfuerzo sostenido, beneficios concretos para Sucre y Chuquisaca. //cc // (redacción central/NAN)
