El Alto, 3 jun.- La urbe alteña, a través de las denominadas “organizaciones vivas”, entrará en paro cívico de 48 horas este lunes y martes, sin descartar otras medidas de presión para lograr que el régimen de Evo Morales modifique la Ley 195 de Coparticipación Tributaria a favor de la Universidad Pública de El Alto – UPEA. Empero, el pedido político de la destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su actuación en el conflicto que derivó en la muerte de un universitario, marcará la agenda de esta semana.
Por primera vez las dos cabezas de la Federación de Juntas Vecinales – FEJUVE, una “oficialista” y otra “contestataria”, han acordado ir juntas al paro cívico. Se suma además la Central Obrera Regional – COR, aliada del partido gubernamental, pero que esta vez escuchó el pedido de la UPEA para respaldar las demandas de esa casa de estudios superiores.
El hecho que estos grupos corporativos se desmarquen al menos por 48 horas del MAS, hace que la movilización de la UPEA por mayor presupuesto, el pedido de esclarecimiento de la muerte del universitario Jonathan Quispe y la exigencia de renuncia del ministro de Gobierno, cobre una alta carga política.
Romero, aludido desde que trató de responsabilizar a los propios marchistas universitarios por el disparo que segó la vida de Quispe, dijo el viernes que no iba a renunciar y declaró que la UPEA estaba actuando con fines políticos.
Este fin de semana, el funcionario fue entrevistado por el matutino cruceño El Deber, y sobre los pedidos para su dimisión, reiteró su negativa y menos alguna responsabilidad en la muerte del estudiante de primer año de Comunicación Social.
“Pueden llevar adelante los procesos que quieran, yo no tengo ninguna responsabilidad en este hecho, pretender atribuirme alguna ya es actuar con muy mala fe”, declaró.
El caso pasó de ser una hipótesis errada de un disparo de canica impulsado por un petardo, a un proyectil activado por la escopeta antigases del subteniente Cristian Casanova, imputado por asesinato y remitido en detención preventiva a la cárcel de San Pedro el viernes.
Romero había asegurado, luego de la autopsia al cuerpo del universitario de 20 años, que el caso estaba “científicamente comprobado”. El jueves, tras presentar a Casanova como presunto autor del crimen, pidió disculpas por el “error al que fue inducido” en el informe preliminar.
El funcionario también había apuntado responsabilidades, como ocurre en todos los conflictos sociales, a una supuesta “coordinación” entre la UPEA y la opositora Unidad Nacional.
En tanto, la UPEA ha masificado su huelga de hambre que comenzó con cinco dirigentes estudiantiles, y hoy tiene cuatro piquetes, incluso un bloque que se instaló en la céntrica avenida Juan Pablo II.
Para mañana, el Comité de Movilizaciones de la UPEA ha convocado a bloquear 16 puntos estratégicos de esa urbe.
Para el ministro de Economía, Mario Guillén, el conflicto de El Alto ha adquirido tintes políticos. Reiteró, además, la convocatoria para una mesa técnica de debate.
“Cuando los pedidos sobrepasan las reivindicaciones justas vemos que hay un elemento político y eso pasa cuando reivindicaciones pasan por el pedido de renuncia del ministro o viceministro o mandos policiales eso no son reivindicaciones de la propia universidad”, declaró a los medios estatales de comunicación.
Guillén también forma parte de las demandas de renuncia de la UPEA y el canal estatal Bolivia TV fue cuestionado esta jornada desde los piquetes de huelga por el uso político que se hace sobre el conflicto, sobre todo por el presentador Horacio Martínez, un comunicador oficialista que podría ser llevado ante el Comité de Ética de la Prensa por la tergiversación de los hechos de El Alto.
Finalmente, la Alcaldía de El Alto resolvió acatar el paro de 48 horas, para respaldar a la UPEA en su búsqueda de mayor presupuesto del nivel central y el esclarecimiento de la muerte de Jonathan Quispe. (VISOR BOLIVIA)
