4 oct.- El Órgano Ejecutivo aprobó ayer el Decreto Supremo 1368, que recoge los términos del convenio que firmaron el 29 de septiembre los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri-Comibol y la Cooperativa 26 de Febrero, de La Paz, para poner fin al conflicto por la veta Rosario.
En este marco, el Gobierno también aprobó el Decreto Supremo 1369, que declara a 26 áreas mineras de uso exclusivo para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El caso Colquiri
La norma establece que la Comibol suscribirá un contrato de arrendamiento sobre la veta Rosario a favor de la Cooperativa 26 de Febrero.
La división de la veta está definida por la línea de referencia 82N. Esta demarcación hacia el sud, en todos sus niveles, queda en manos de la estatal Comibol y hacia el norte para la cooperativa.
El transformador (punto 2) es para la Comibol, mientras que la denominada rampa (punto 3) para la cooperativa como punto de ingreso entre el nivel 325 al nivel 365, que se encuentra en la línea 82N.
Asimismo, el ramal Rosario N queda en su integridad para la Cooperativa 26 de Febrero, y el ramal Rosario D para la Comibol, hasta la línea de referencia 87N, de ahí en adelante hacia el norte la veta Rosario D queda en manos de la cooperativa.
Ambas partes tienen la obligación de cuidar las chimeneas de ventilación y respetar las instalaciones de servicio de aire y agua.
Romero explicó que la Cooperativa 26 de Febrero realizará actividades mineras en las vetas determinadas, a partir de un proyecto, sin asociarse a empresas transnacionales o firmas privadas organizadas en Bolivia y con la cantidad de socios registrados al 19 de junio de 2012.
Asimismo, el decreto 1368 establece que en caso de que un estudio técnico y económico demuestre que la Empresa Minera Sinchi Wayra SA, antes administradora del yacimiento minero Colquiri, tiene derecho a la devolución de la inversión realizada en las vetas Rosario, Rosario N y Rosario D, la Cooperativa 26 de Febrero y la Comibol asumirán esa obligación de acuerdo con lo que corresponda a cada parte.
“Éste es el decreto 1368, comprometido en el convenio del sábado, que establece la asignación de áreas para la Comibol y la Cooperativa 26 de Febrero en la veta Rosario”, afirmó el ministro Romero.
A partir de esta medida, la autoridad sostuvo que no existe motivo para que el conflicto continúe en el distrito Colquiri.
Los días que duró el problema entre asalariados y cooperativistas dejó pérdidas cuantiosas en Colquiri, cuantificadas en alrededor de 200.000 dólares por día.
Remarcó que existe una asignación “más o menos equitativa”, tomando en cuenta que de los dos ramales la Rosario N es la de mayor extensión y queda para la Cooperativa 26 de Febrero, y Rosario D, casi en su totalidad, es para la Comibol.
Áreas para Comibol
El Gobierno también promulgó el miércoles el Decreto Supremo 1369, que declara a 26 áreas mineras de uso exclusivo de Comibol, además de levantar parcialmente la reserva fiscal minera y la continuidad de los trámites de contrato en zonas de la estatal minera.
El ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que las 26 áreas son: San Simón, La Escondida, Punku, Lidia, General Ballivián, Tiquirani, Sector Ventilla, Morococala Japo, Capuratas, Condeauqui, Irpoko-Nekheta-Cho, Sector Huanuni, Chilco, Cerro Gordo I, Cerro Gordo II, Soniquera, Almona, Guadalupe, Tupiza, Yarvicoya, Turqui, San Ramón I, San Ramón II, San Ramón III, Río Blanco, Concepción. Todas hacen 33.564 cuadrículas que sumadas a las 13.500 cuadrículas que tiene en la actualidad la estatal minera totalizan 47.000 cuadrículas.
Las cooperativas podrán solicitar, de acuerdo con la autoridad competente y normas vigentes, la ampliación de áreas de trabajo, según el decreto.
Para esto se levantará la declaratoria de reserva fiscal de manera parcial en las áreas que sean solicitadas por el sector minero.
La Comibol continuará los trámites de solicitud de contratos en áreas nacionalizadas y no nacionalizadas, y que fueron presentadas por el sector minero.
Asalariados ven difícil la convivencia pacífica
Los mineros asalariados dudan que pueda darse una convivencia pacífica con el sector cooperativista en el distrito minero Colquiri, pese a que el Gobierno ya emitió una norma que establece las áreas de explotación que tendrá cada grupo.
“El decreto que aprobó no frenará el conflicto de Colquiri”, sostuvo el dirigente de los mineros dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Severino Estallani.
La aseveración del líder minero se basa en las rencillas que aún se producen en ese centro minero y que derivan en agresiones físicas.
En ese sentido, planteó que para garantizar la paz del lugar se coloque un cordón de seguridad o muro en el área de trabajo que evite el encuentro de los dos grupos.
El dirigente también pidió que el Gobierno tome previsiones adicionales, como la militarización del lugar.
Se prevé revertir concesiones ociosas
El Órgano Ejecutivo aprobó el proyecto de Ley de Adecuación de Derechos Mineros, que dispone la reversión de áreas no explotadas, establece causas de caducidad y resolución de contratos mineros, y da un plazo de cuatro meses para actualizar los registros de explotación.
El ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, informó ayer que se procederá a la “reversión por inexistencia de actividades” y que “el objetivo de la ley es establecer mecanismos de control y fiscalización sobre actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, además de establecer causales de caducidad aplicables a autorizaciones transitorias especiales y causales de resolución de contratos mineros”.
La normativa también establece que los actores mineros deben actualizar su registro en el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin) en el plazo máximo de cuatro meses, afirmó el ministro Virreira.
A tiempo de realizar este trámite, los concesionarios mineros deberán adjuntar un plan de implementación y desarrollo de actividades mineras.
Indicó que “la falta de registro en los términos establecidos constituye causal de caducidad y de resolución de contratos sin derecho a indemnización, retornando a dominio del pueblo boliviano las áreas mineras”.
La norma también tipifica la toma ilegal de minas y los asentamientos no autorizados como “allanamiento”, figura jurídica enmarcada en el Código Penal que permitirá procesar tanto a los autores como a sus cómplices.
Piden ayuda a organismos internacionales
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se solicitó ayuda a organismos internacionales para que cooperen con expertos que esclarezcan el fallecimiento del minero asalariado Héctor Choque Gutiérrez, ocurrido el martes 18 de septiembre por explosión de dinamita durante una movilización realizada en La Paz.
Añadió que el Ejecutivo impulsa la investigación sobre las causas de la muerte del minero.
Los mineros asalariados de Colquiri piden al Gobierno esclarecer la muerte de Choque e identificar al responsable del hecho.
“La indemnización, la reparación del daño civil, de acuerdo con la normativa, sólo puede ser definida en sentencia por autoridad judicial”, apuntó. (Cambio)
