23 abr.- La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia , Marlene Ardaya, comenta que la institución que preside puede intervenir los mercados de ropa usada que funcionan en Bolivia siempre que exista una denuncia y con la presencia de un fiscal.
“No puedo entrar a la 16 de Julio (feria de El Alto), no puedo entrar a La Ramada, excepto hubiese una denuncia y esto se tramita con fiscales adscritos a la Aduana Nacional”, explicó la autoridad.
Esta operación -agregó Ardaya- puede realizarse junto a la Policía o con efectivos del Control Operativo Aduanero, o en caso de que lo amerite, como ha sucedido, cuando hay “poblaciones agresivas” junto al Ejército. “Pero la pregunta es quién se anima a denunciar”, interrogó la autoridad, quien sostuvo que la institución con potestad para ingresar a estos sitios son las alcaldías.
Los principales mercados de ropa usada en el país están en Oruro (la Feria Kantuta y en la avenida Brasil); La Paz y El Alto (Feria 16 de Julio, la calle Figueroa y Villa Fátima); Cochabamba (mercado Esteban Arce y otros), y en Santa Cruz (la feria Cumavi y otros lugares), señala el estudio el Impacto de la Importación de Ropa Usada en Bolivia.
Durante el 2011, según datos proporcionados por Ardaya, la Aduana decomisó 877 toneladas de ropa usada; en La Paz (146), Santa Cruz (64), Oruro (510) y Cochabamba (157).
El 21 de junio de 2006, el presidente Evo Morales promulgó el decretó 28761 para “aprobar de manera excepcional y definitiva los plazos para la importación y comercialización”.
Esta norma prohíbe la importación de prendería usada, a partir del 21 de abril de 2007 “indefectiblemente”, además de la comercialización en territorio nacional a partir del 1 de marzo de 2008. Asimismo, establece los lineamientos de la “reconversión productiva”, destinada a que los vendedores de estas prendas cambien de rubro.
Sobre esto último, los comercializadores de prendería usada sostienen que es una “utopía” y un “engaño” porque no se cumplió. Este medio buscó la contraparte oficial del Gobierno, pero pese a los requerimientos ante el Ministerio de Desarrollo Productivo no se tuvo éxito.
Ardaya explica que el principal centro de abastecimiento de este producto está en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), de Chile, donde hay “galpones grandes”. Agrega que en esa zona específica del vecino país no está prohibida la importación y venta de este tipo de prendería.
El problema radica en que después de que alguien adquiere esta mercadería, la interna ilegalmente a través de la “inmensa” frontera. Esto ocasiona que fluya como contrabando a Bolivia.
Ardaya sostiene que Bolivia debe jugar sus cartas a través de la Cancillería y expresarle a Chile este problema, para conseguir que en esa zona franca ya no se nacionalice esta mercadería con destino a Bolivia.
Fuente: paginasiete
