Santa Cruz, 22 Nov.- El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, anunció este lunes su pronta retirada del cargo debido al proceso penal que le sigue la Fiscalía del Distrito de Trinidad a denuncia de la Contraloría General de Estado manejado por el MAS, por haber organizado el referéndum autonómico en junio de 2008.
La autoridad a su paso por Santa Cruz declaró a los medios de prensa estar consciente que algún momento se irá de la gobernación, pero aseguró que no se irá por corrupto, terrorista ni contrabandista, sino por haber asumido el liderato de un pueblo que pedía autonomía, admitida e incorporada finalmente en la nueva Constitución Política del Estado.
Suárez sostuvo que tampoco se irá por voltear torres ni voltear remesas de las universidades, en una alusión al actual vicepresidente Álvaro García Linera que enfrentó procesos legales cuando era miembro del grupo guerrillero EGTK, del que salió absuelto por preclusión del proceso.
Lamentó que todas las autoridades legalmente elegidas enfrenten procesos como ocurrió en Sucre con Jaime Barrón, en Potosí con René Joaquino, en Tarija con la casi inminente salida del gobernador Mario Cossío y probablemente con Rubén Costas de Santa Cruz que enfrenta procesos parecidos a Suárez.
Ratificó su denuncia que estos procesos tienen el propósito político del MAS de copar todo el poder. “Eso lo digo así de claro, no es por contrabandistas, maleante ni terrorista que me voy a ir”.
La autoridad todavía en funciones considera que es conveniente una rearticulación de la oposición para asumir defensa conjunta ante la arremetida del MAS hacia la oposición. Empero de su parte sostuvo que no hará lo que hicieron otros opositores “ponerse de rodillas y negociar temas de principios” con el partido de gobierno.
Suárez que enfrenta un arraigo desde el 13 de agosto, fue citado para el próximo 29 de noviembre ante un juez para el juicio oral por supuesta malversación de recursos económicos del Estado en la realización del Referéndum sobre el Estatuto Autonómico del Beni en junio de 2008.
Para evitar su detención pagó una fianza de 250 mil bolivianos, luego que el juez Carlos Alberto Egüez dictara medidas preventivas, hasta el inicio del juicio oral, público y contradictorio del próximo lunes.
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