La Paz, 8 Nov.- Organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa observan que los talleres de concertación y participación social para reglamentar la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación es un fracaso por la inasistencia de diferentes organizaciones de medios de comunicación y algunos sectores sociales del país.
“Tengo entendido que donde se han reunido resultó un fracaso y entonces me imagino que este ataque virulento tiene que ver con el éxito que se ha alcanzado con la recolección de firmas”, manifestó el Fiscal General de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas.
Según Vargas, los periodistas y trabajadores de diferentes medios del país no asistieron a los talleres y “si asistieron lo hicieron a título personal y no institucional. Además muchos no están dispuestos a seguirle el juego porque no se cambiará ni una coma ni un punto de la Ley”, enfatizó.
De acuerdo con el cronograma del ministerio de la Presidencia, los talleres de concertación continuarán desde este martes en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. El miércoles se realizará en Cochabamba y Tarija. El lunes 11 de noviembre en Trinidad (Beni) y Cobija (Pando) y, un día más tarde, en Potosí.
GOBIERNO NO OFICIALIZA INVITACIÓN
Asimismo, Vargas informó que el gobierno hasta la fecha no respondió al pedido de la prensa de oficializar la invitación a la relatora de la Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Boyero, para que verifique en el lugar de los hechos la situación de la libertad de expresión en Bolivia.
“No hay nada consideramos que deben están más ocupados en sus reuniones para elaborar la reglamentación”, indicó Vargas a tiempo de reiterar que la libertad de expresión está siendo constreñida, limitada y restringida no sólo con la Ley del Antirracismo sino con todo el paquete de leyes que aprobó con la finalidad de “amordazar a la opinión pública”.
Según Vargas las denuncias contra el periódico La Patria de la ciudad de Oruro, contra un periodista potosino con casos concretos de la verdadera intensión del gobierno, “lo que causa mucha preocupación y molestia”.
GOBIERNO DEBERÍA ESCUCHAR
“Hay un malestar regional yo diría mundial respecto a cómo están llevando esta administración de gobierno, deberían prestar oídos no a lo que se dice en el país sino a la repercusión que se tiene a nivel mundial, creo que están tomando a la ligereza lo que la SIP está denunciando” indicó.
Según Vargas el gobierno recurre a todas las estrategias. Primero minimiza aquellos aspectos que considera son perjudiciales o son críticos para su gobierno, y segundo desacredita no solo a las instituciones sino a las personas en este intento de poder en mascar o cubrir los errores donde ellos tienen plena conciencia de que se han equivocado.
“Sin embargo no se comprende esta tozudez y no quiere gobernar en consenso, el poder de la libertad de los periodistas no solo es de los periodistas es también de la ciudadanía que en determinado tiempo vota”, concluyó.
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