La Paz, 13 ago.- “Estamos en emergencia ante algunos dirigentes del magisterio que están desinformando y tergiversando el Decreto Supremo 1302, que es una medida muy acertada del Gobierno, pero que, por otros intereses, esos dirigentes se están oponiendo a esta norma, y no vamos a permitir acciones en contra del decreto”, dijo Franklin Gutiérrez, dirigente nacional de las juntas de padres de familia.

Afirmó que el Decreto 1302, que sanciona la violencia y acoso escolar, permitirá erradicar los casos de violencia sexual, psicológica y acoso hacia los estudiantes por parte de algunos profesores.

Estudiantes pasando clases“Son muchos los casos en los que profesores abusan de los alumnos, incurren en hechos que son totalmente reñidos con la actividad docente, y no podemos entender cómo algunos dirigentes están defendiendo a estas personas implícitamente, los padres de familia estamos defendiendo este decreto porque va a proteger a nuestros hijos”, aseguró el dirigente Gutiérrez.

Por su parte, Nicolás Apaza, secretario general de la Federación de Padres de Familia de El Alto (Fedepaf), afirmó que de ser necesario sus afiliados se movilizarán en defensa de la medida, pues señalan que finalmente el Gobierno aplicó una política para acabar con la impunidad en las aulas escolares.

“En El Alto se conocen muchos casos sobre profesores que violaron a sus alumnas, y en el campo es mucho peor porque incluso el violador llega a negociar y ofrece casarse con su alumna. Los padres acceden y la menor es sometida a ese maltrato”, ejemplificó Apaza.

El dirigente alteño dijo que la misión de la dirigencia del magisterio es defender a sus buenos elementos y no a los malos, “que hacen quedar mal a los profesores”.

“Obviamente no son todos, pero lamentablemente los dirigentes salen en defensa de estos abusadores y quieren arreglarlo todo con pedir el cambio del profesor, eso no arregla el daño al alumno”, dijo.

El Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, promulgado el 1 de agosto, busca proteger a los niños y adolescentes en edad escolar de violaciones, abusos y maltratos en los establecimientos educativos.

Esta norma permite al Ministerio de Educación seguir las acciones penales correspondientes hasta la finalización del juicio contra aquellas personas denunciadas, pues hasta antes de esta medida los procesos debían ser impulsados por la familia del menor afectado, que en muchos casos no contaba con los recursos económicos necesarios y se dejaba el caso en la impunidad.

La pasada semana, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que el artículo tres del decreto fue modificado, estableciendo que en caso de abuso sexual, con denuncia interpuesta e imputación formal, se dispondrá que el docente, director o administrativo de un colegio sea suspendido sin goce de haberes hasta la conclusión del proceso judicial, durante el cual se deberá demostrar su inocencia o culpabilidad.(Cambio)