11 nov.- Miembros de la prensa independiente manifestaron su rechazo ante la convocatoria a periodistas para declarar como testigos presenciales de la intervención policial contra los indígenas de Tierras Bajas del pasado 25 de septiembre. Afirmaron que se trata de una manera de intimidar a los medios de comunicación para hechos futuros y ratificaron a la Ley de Imprenta como instrumento que rige la labor informativa.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) Pedro Glasinovic, manifestó su rechazo a las peticiones del Ministerio Público para que los periodistas acudan en calidad de testigos, porque existiría un trasfondo que pretendería desviar la atención de la opinión pública en el tema de fondo que es conocer al o los responsables de la intervención policial del 25 de septiembre.
“Se trata de un nuevo caso de amedrentamiento del poder judicial y hay una intención de convertir a los periodistas en testigos de un hecho que se ha instruido desde altos niveles del Gobierno y no se está llegando al fondo de saber quién dio la orden de intervención. A quien habría que preguntarle y quien sabe de esto es el vicepresidente de la República por que él dijo saber quién ordenó la intervención. Nuestro trabajo consiste en informar y allí están los textos y las imágenes. La Fiscalía debería pedir a la Unidad de Monitoreo del Ministerio de Comunicación para que les brinden esa información, ellos tienen grabaciones y archivos”, expresó.
El representante de los periodistas anunció que el 9 de diciembre la APLP rendirá un homenaje a todos los periodistas que cubrieron la marcha del TIPNIS, porque sin la labor informativa desarrollada el pueblo no habría conocido los hechos de la violenta represión. Acotó que los periodistas están protegidos por la Ley de Imprenta, pero la presencia en la Fiscalía es un acto legal y existe la posibilidad de acogerse al derecho al silencio.
RATIFICAN LEY DE IMPRENTA
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su rechazo a la petición de la Fiscalía General del Estado para la identificación y presentación de periodistas, en calidad de testigos, en el caso Yucumo.
El presidente de la ANP, Marco Dipp, expresó que se debe respetar el espíritu de la Ley de Imprenta que en su artículo 2 señala como responsables a directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas. En su artículo 3, la legislación señala como responsables, en segunda instancia, a los editores.
Dipp recordó que el pasado 10 de mayo, el fiscal General del Estado, Mario Uribe, ratificó la vigencia plena de la Ley de Imprenta de 1925, y con ello “se reconoció explícitamente las limitaciones, atribuciones e incompatibilidad en esa materia”, expresó.
“Cuando se solicita la identificación de los periodistas para que se presenten como testigos, contradice el reconocimiento a la vigencia de la Ley de Imprenta”, declaró Dipp.
PRENSA INDEPENDIENTE
Periodistas de medios de comunicación independientes manifestaron su parecer ante esta situación. La mayoría considera el hecho como una intimidación al trabajo de la prensa.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de
Bolivia, Ramiro Echazú, declaró a la petición fiscal como “un amedrentamiento al trabajo de los medios”.
“Creo que es una forma de intimidar a los medios de comunicación, en ese tipo de coberturas donde se desnuda las intenciones que tiene un Gobierno. Un error muy craso porque le va salir muy caro al Gobierno. Lo que nosotros hacemos es un trabajo, estamos para informar a la población”, manifestó Eddy Andrade (Radio Erbol).
“Considero que no corresponde porque los medios que estuvimos en el lugar nos limitamos a informar. Obviamente en distintas ópticas y visiones. Poner ante la justicia la participación de nuestros colegas no corresponde, porque en su momento se va a condicionar el trabajo de los medios en situaciones similares y esperemos dentro del marco que es la Ley de Imprenta los compañeros se puedan acoger y no se pueda dañar el trabajo de los medios”, señaló Juan Quiroz (Radio Causuchungupa de Cochabamba).
