La Paz, 11 Oct.- La masacre de octubre de 2003 produjo un cambio en la vida política del país, pero nada bueno ocurrió para las víctimas que vivieron uno de los momentos más críticos y sangrientos de la historia boliviana. Los familiares de decenas de muertos y centenares de heridos hasta ahora esperan que se haga justicia.
La denominada “guerra del gas” dejó secuelas en centenares de familias de la ciudad de El Alto que fueron protagonistas principales de la defensa de los recursos naturales de Bolivia. El actual gobierno, que es fruto de esa lucha popular, hasta ahora no respondió a las demandas de los heridos y los familiares de los fallecidos.
Erbol, en una entrevista a familiares de las personas muertas y heridas en la revuelta de octubre de 2003, constató que nada se hizo hasta ahora por resarcir los daños ocasionados durante el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien permanece protegido en Estados Unidos junto a dos de sus ex ministros para eludir a la justicia boliviana.
La presidenta de la Asociación de Heridos de Octubre de 2003, Elene Cullahua, lamentó que hasta la fecha no se haya sancionado a los responsables de los hechos sangrientos que enlutaron a varios hogares de la ciudad de El Alto.
Declaró que para ella y su familia nada cambió, por el contrario la situación empeoró tras la muerte de su esposo que no aguantó más ver a su hijo que quedó con un severo trauma psicológico después de presenciar la muerte de decenas de ciudadanos alteños.
Para Victoria Choque, otra de las víctimas de octubre de 2003, su esposo, de ocupación albañil, no pudo trabajar más después de ser herido por un proyectil de arma de fuego, poco tiempo después falleció.
“Tuve que salir a trabajar junto con mis hijos, no tengo casa propia y tampoco tengo recursos. El presidente Evo Morales nos ha dicho que iba a ayudar a las víctimas y fallecidos, yo presenté la carpeta de mi esposo, pero como me faltaban los carnets de identidad de mis hijos no pude acceder a esa ayuda económica”, relató.
Por su lado, Teresa Garavito viuda de Tapia, de profesión maestra, afirmó que en lugar de mejorar su situación empeoró. “Mi esposo y yo trabajábamos como maestros, a él le pidieron que apoyara el movimiento y quedó con trauma psicológico y una depresión, ya no pudo trabajar más”, indicó.(Erbol)
