8 jul.- Entre 1987 y 1997, el país fue testigo de una consecutiva quiebra de bancos que no sólo afectó a centenares de ahorristas, sino que representó para el Estado una pérdida de alrededor de mil millones de dólares.
Esta etapa oscura para la historia financiera del país es ampliamente explicada en el estudio denominado “Estafa del Siglo - Quiebra de Bancos”, del investigador y periodista Roberto Cuevas Ramírez, quien no sólo desentraña los pormenores que empujaron a las entidades bancarias a una crisis inevitable, sino que desnuda a los involucrados que durante más de dos décadas apelaron a mecanismos legalmente establecidos para eludir a la justicia.
De acuerdo con el autor del estudio, la justicia “mantiene los procesos indefinidamente pendientes o los archiva sin sentencias ni conclusiones, porque los principales protagonistas del drama —banqueros y políticos— extienden una espesa niebla sobre sus delitos para convertirlos en historia amparados en esa piadosa catarsis de olvido colectivo que caracteriza a nuestra sociedad”.
En la historia financiera de Bolivia se registra la estafa de mil millones de dólares durante la década de los 90, producto del cierre forzoso o quiebra de bancos que envuelve las más sórdidas y descaradas estafas, créditos incestuosos (vinculados), conformación de asociaciones delictivas, manejo masivo de testaferros (palos blancos), compra de bienes inexistentes, uso y abuso de créditos internacionales, constitución de empresas fantasmas, falsedad material, ideológica, de documentos privados, malversación de cuantiosos recursos del Estado, garantías falsas, desvíos de fondos, estados contables falsos y otros.
El propósito del estudio no sólo es contar con un referente histórico sobre el manejo arbitrario y delictivo de los dineros de la sociedad boliviana, sino demostrar que, más allá de enconos regionales o de clase, está la desesperación de grupos económicos que no conciben perder sus privilegios después de tantos decenios de rapacidad y engaño.
Se debe mencionar que durante la década de quiebra de bancos los gobiernos vigentes fueron los de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2000) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002).
Asimismo, entre los superintendentes de Bancos y Entidades Financieras figuran; Luis del Río durante el gobierno de Paz Zamora, Ramiro Cabezas en el gobierno de Sánchez de Lozada hasta 1995, y desde ese año y en todo el gobierno de Banzer, Jacques Trigo Loubiere.
De acuerdo con declaraciones que hizo el ex superintendente Trigo a un medio local, el 18 de marzo de 2001, sólo los Bancos Sur SA, Cochabamba SA y Bidesa estafaron al país 600 millones de dólares de los mil millones que perdió el Estado.
Como resultado del modelo neoliberal implementado en 1985 con el Decreto 21060, las actividades del Estado fueron reducidas y sus empresas desnacionalizadas para beneficiar a las firmas privadas y transnacionales. Los bancos no fueron la excepción y más allá de su deficiencia funcionaria o el carácter de botín político de partidos como el MNR, FSB y ADN, los bancos Agrícola, Minero y del Estado, además de los fondos de fomento, campesino y minero, fueron desmantelados.
En este marco, fue el 15 de julio de 1991 cuando el presidente Paz Zamora suscribió cinco decretos que pondrían fin a la existencia de la banca estatal.
Testaferros
El uso de testaferros o ‘palos blancos’ en los bancos liquidados es común, puesto que, para aparentar que el dinero de ingenuos ahorristas circula con normalidad, los préstamos incestuosos no siempre deben salir a nombre de los peces grandes. Por su parte, quienes se prestan al juego van desde trabajadoras del hogar, estudiantes, artesanos, profesionales y parientes que, a cambio, reciben gratificación económica.
El memorial de la Superintendencia de Bancos ofrece una detallada relación de éstos en el Banco Industrial y Ganadero del Beni (Big Beni). Sin embargo, subraya los nombres de Jorge Córdoba Cerrudo, Carlos Irving Cronembold Melgar, Carlos Gonzales Weise, Juan Carlos Zurita, Juan Carlos Velarde Roca y Humberto Roca Leigue.
De acuerdo con el estudio de Cuevas, estos personajes eran componentes de una “asociación delincuencial” que desde 1991 cometieron una serie de arbitrariedades en el Big Beni y más tarde en el Banco Sur.
LAS CIFRAS
1.000 millones de dólares es el monto aproximado que el Estado perdió por la quiebra de bancos durante el periodo 1987 a 1997, hecho que representa una etapa oscura en las finanzas del país.
600 millones de dólares es el monto estafado al Estado sólo por los bancos Sur SA, Cochabamba SA y Bidesa, que se constituyen en los referentes más importantes de la ola de quiebra de bancos.
204 millones de dólares costó al Estado boliviano la liquidación del Banco Sur SA, Banco Cochabamba y Bidesa en la década de los años 90, según el estudio del investigador Roberto Cuevas.
41,6 millones de dólares fueron “sonsacados, es decir de manera artera y mediante prácticas mañosas, del Banco Big Beni hasta julio de 1994. El mayor monto, 17,8 millones, benefició a una sola persona.
PARA DESTACAR
El Banco Central de Bolivia, con recursos del Tesoro General de la Nación, desembolsó dinero fresco para su devolución a espantados ahorristas y cuentacorrentistas que fueron afectados con la quiebra de bancos durante el periodo 1987-1997.
En la historia financiera de Bolivia se registra la estafa de mil millones de dólares durante la década de los 90, producto del cierre forzoso o quiebra de bancos provocados por inescrupulosos banqueros y políticos en medio de escandalosos delitos.
Los banqueros manejaron alegremente sus cuentas timando al Estado, labor que ya la venían realizando desde una década anterior cuando Víctor Paz Estenssoro, el cuatro veces presidente de Bolivia, les asignó recursos provenientes de entidades internacionales para que operen como intermediarios en la concesión de créditos.
El 15 de julio de 1991, el presidente Paz Zamora suscribió cinco decretos que pondrían fin a la existencia de la banca estatal, como el Banco del Estado, el Banco Minero y el Banco Agrícola.
Durante la década que ocurrió la quiebra de bancos, los gobiernos vigentes fueron los de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2000) y Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002).
Descalabro y liquidación del Banco del Estado
La historia de la liquidación del Banco del Estado comienza en noviembre de 1991 en París, Francia, en el gobierno de Paz Zamora, con la reunión del Grupo Consultivo para Bolivia convocado por el Banco Mundial (BM).
La delegación nacional, presidida por el entonces ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, fue integrada por Jorge Quiroga, Luis Alberto ‘Chito’ Valle, Fernando Kieffer, David Blanco, Jorge Crespo, Gonzalo Montenegro, Luis ‘Upa’ Gonzales Quintanilla, Jorge Torres, Eudoro Galindo y otros.
Doria Medina subrayó en su intervención que se iba a dar apoyo al sector productivo y que el crecimiento económico del país lo iba a liderizar el sector privado. Informó que entidades estatales como los bancos Agrícola y Minero fueron cerrados y que la posición del Gobierno era no permitir la existencia de bancos, empresas ni minas estatales.
Bajo este compromiso, el Grupo Consultivo otorgó financiamiento externo de $us 800 millones por año para cubrir la balanza de pagos 1992-1994 de Bolivia.
De vuelta al país, la delegación nacional procedió a honrar la palabra empeñada ante el BM: despedazó el Banco del Estado, pese a que seguía dando utilidades, según el estudio de Roberto Cuevas.
El Fonvis y su vínculo con financieras en problemas
Una de las instituciones estatales encargadas de solucionar el problema de la vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis), aparece inmersa en actos de corrupción íntimamente ligados a la banca con problemas.
Según el estudio del investigador y periodista Roberto Cuevas Ramírez, después de 1952 sucesivos gobiernos buscaron encarar el déficit habitacional con la creación de entidades. En este marco, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se creó el Fonvis, ente encargado de recaudar y administrar los aportes laborales y patronales, constituirse en intermediario de financiamiento mediante fideicomiso y riesgo crediticio, colocar recursos en el mercado de valores y administrar planes de vivienda.
Como el caso de los bancos estatales, el Fonvis se convirtió en botín político para beneficio de las arcas partidarias y engorde financiero de sus ejecutivos y correligionarios inmersos en consultoras externas.
La Contraloría General de la República contabilizó préstamos canalizados por bancos, mutuales y financieras por 100 millones de dólares con altos índices de corrupción en proyectos no ejecutados o parcialmente ejecutados.
Aunque en 1997 se creó otra entidad bajo el nombre de Fonvis en Liquidación para frenar las irregularidades en el sector, ello no ocurrió; por el contrario, comenzó otro periodo de corrupción financiera con funcionarios que estuvieron en bancos y más tarde en entidades estatales.
Entre tanto, el drama de ‘los sin techo’ adquirió características de tragedia porque de los aportes de 380 mil trabajadores nadie supo a dónde fueron a parar.
Políticos en función de gobierno, empresarios, banqueros, constructores, dirigentes sindicales y ex directores del Fonvis aparacen implicados en una red beneficiaria de los dineros erogados del ente habitacional. El estudio de Cuevas da cuenta de que incluso en el gobierno del periodista Carlos D. Mesa Gisbert se continuó alimentando la corrupción con el Decreto Supremo 27771 del 20 de marzo de 2005, que autorizó una cuota extraordinaria del Tesoro General de la Nación para el proyecto Azucenas, de la empresa Cascarena de Alejandro Asbún Farah.
La investigación de Cuevas sostiene que esto terminó en una limpia estafa de dos millones de dólares que debían ser utilizados en la construcción de viviendas para los trabajadores cooperativistas mineros y fabriles.(Periódico Cambio.bo)
