Tarija, 20 Nov.- Los gobernadores de Santa Cruz Rubén Costas y de Beni Ernesto Suárez denunciaron por separado que el gobierno del presidente Evo Morales instituyó una “neodictadura” y una “guillotina” para destruir a las autoridades opositoras democráticamente elegidas.

Costas sostuvo que así como se fueron los neoliberales, llegó el “neopopulismo” y ahora “neodictadura moderna” que provoca presos opositores y autoexiliados que enfrentan proceso judiciales con jueces nombrados por el gobierno y actúan de acuerdo a los intereses políticos.

Los gobernadores de Santa Cruz Rubén Costas y de Beni Ernesto Suárez.Lamentó el “descaro del gobierno en una desvergüenza absoluta” por su comportamiento frente al video denunciado por el gobernador Mario Cossío, donde altas autoridades del Ejecutivo son implicadas en un plan de derrocamiento a la autoridad departamental.

“Si la oposición hubiera sido encontrada en esa situación la denuncia ya habría dado la vuelta al mundo con versiones de golpe cívico o golpe de Estado”, declaró a tiempo de expresar su pleno respaldo a su colega de Tarija.

Cossío denunció al gobierno de impulsar un plan para derrocarlo con la ayuda de la justicia y los fiscales, a la cabeza del ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, y de Justicia, Nilda Copa. Esas autoridades negaron esa intención, anunciando a apertura de nuevos juicios por difamación contra el gobernador denunciante.

“HAY UNA GUILLOTINA”

Por su lado, el gobernador de Beni, Ernesto Suárez, ratificó desde Trinidad que en el país funciona una “guillotina para destruir autoridades opositoras”, tal como ocurrió con el ex alcalde de Potosí, René Joaquino, sentenciado a tres años de prisión pero que no ingresará a la cárcel por tener el beneficio del perdón judicial.

Coincidió con Suárez que existe una persecución política a todas las autoridades electas en el país porque al gobierno le resulta incómodo tener en el país gente que piensa diferente al MAS.

Joaquino recibió una sanción penal por un juzgado de Potosí supuestamente por no haber observado normas administrativas y su sentencia se produjo luego de que el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón fuera enviado a la cárcel en calidad de detenido preventivo por acusados de vejación promovidas por la Fiscalía del Distrito de Chuquisaca.

SUAREZ ESPERA SU TURNO

Igualmente Suárez fue citado para el próximo 29 de noviembre ante un juez para el juicio oral por las acusaciones de la Contraloría por la supuesta malversación de recursos económicos del Estado en la realización del Referéndum sobre el Estatuto Autonómico del Beni en junio de 2008.

Suárez fue arraigado el 13 de agosto ante la imputación que presentó el Ministerio Público y el juez Carlos Alberto Egüez ordenó el pago de una fianza de 250 mil bolivianos para el gobernador beniano. “A todos los que tenemos procesos, a las distintas autoridades electas opositoras al gobierno, eso es lo que nos espera, o sea, aquí hay una guillotina para destituir autoridades y a la vez hay golpe de Estado”, manifestó.

Sostuvo que hay una persecución política a los opositores y lamentablemente el gobierno está avanzando en este afán de copar todas las instancias de manera totalitaria y lógicamente René Joaquino se enmarca dentro el avance para copar todas las alcaldías opositoras al gobierno, señaló Suárez.

En el caso particular de Potosí, dijo que el gobierno demostró toda la bronca contra el pueblo potosino que en su momento bloqueó y lo puso incómodo al gobierno por una causa justa de mayor desarrollo, pero el presidente Morales decidió no perdonar y la sentencia a Joaquino es una de las consecuencias.

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