 La Paz, 2 nov.- Ninguna empresa trasnacional podrá presentar demandas contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) porque el país no reconoce a ese organismo como idóneo para arbitrar diferencias, dijo el lunes la ministra de Defensa Legal Cecilia Rocabado.
Los cuestionamientos planteados por Bolivia contra el CIADI devienen de 2007, tras la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que estaba cargo del consorcio italiano EURO TELECOM INTERNATIONAL desde 1997.
La empresa italiana había considerado que la nacionalización les provocó un enorme perjuicio a sus finanzas por lo que el Estado debía indemnizarla.
De esa manera presentó la demanda ante CIADI, pero el gobierno boliviano consideró que ese organismo no está habilitado para definir controversias debido a que en procesos similares siempre ha fallado en contra del Estado y a favor de las empresas privadas.
La Ministra subrayó que, de prosperar la demanda de ETI contra de Bolivia por la nacionalización de ENTEL, podrá ser resuelta en otros organismos más idóneos y objetivos.
La nacionalización de ENTEL se produjo en el marco del proceso llevado adelante por el gobierno del presidente Evo Morales para recuperar el control de las empresas estratégicas del Estado que fueron privatizadas en 1997.
En ese entonces, el gobierno encabezado por el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada decidió "capitalizar" las empresas estatales de los sectores de energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones y transportes aéreos y ferroviarios.
La "capitalización" tenía como objetivo captar inversiones, pero en los hechos solamente fue una privatización porque se entregó las empresas estatales a capitales extranjeros sin establecer rangos de fiscalización al proceso de inversiones y a la captación de beneficios.
En mayo de 2006, el gobierno de Morales nacionalizó el sector de hidrocarburos y se hizo cargo de toda la cadena de exploración, explotación, transporte y comercialización del sector.
El Jefe de Estado ha manifestado que ahora el Estado percibe por lo menos el 82 por ciento de los recursos captados por la comercialización de hidrocarburos, lo que le ha permitido aprobar programas de desarrollo social e incrementar sus reservas internacionales de 1.700 a 10.000 millones de dólares.
Bajo los gobiernos neoliberales y la capitalización, las trasnacionales se llevaban el 82 por ciento de los beneficios y dejaban al estado solamente el 18 por ciento restante.
Anotó que el Gobierno no está en contra del ingreso de inversionistas privados a Bolivia, pero siempre y cuando se sometan a las leyes nacionales y "no vengan en condición de patones, sino de socios".(ABI)
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